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Artículo publicado en MedioTiempo.com
Los clubes quieren acabar con la tradición del futbol en TV abierta, el gobierno se opone por intereses políticos y ahora se pone en la mesa la posible suspensión por huelga de los partidos de la liga de España programados para este fin de semana. El pleito sigue, a pesar de las consecuencias que se podrían generar; y todo parece indicar que el gobierno y la LFP dejarán la decisión en manos de una jueza.
Mientras que la mayoría de los clubes de Primera y Segunda División de España desean que se llegue a un acuerdo antes de que la titular del juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid, Purificación Puyol, tome una decisión sobre la huelga que amenaza con suspender el futbol español este fin de semana (2 y 3 de abril), el patronato de Liga de Futbol Profesional se mantiene firme en su postura de llevar a cabo la huelga si se mantiene la obligatoriedad de pemitir un partido por televisión en abierto.
El conflicto es complicado y complejo. Todo comenzó el pasado 11 de febrero, día en que la Asamblea Extraordinaria de la Liga anunció que la mayoría de los clubes (13 clubes) tenían la intención de ir a huelga y suspender la Jornada 30 del futbol español si no se producían avances significativos sobre la obligación de televisar un partido en abierto.
La LFP entiende que esta drástica medida es en beneficio de los clubes de Primera y Segunda División, ya que, según el patronato de la Liga, estos equipos dejan de percibir alrededor de 150 millones de euros anuales por dicho contrato.
Por su parte, el Gobierno, que podría evitar la huelga si decidiera modificar la "Ley del futbol" de 1997, que obliga a emitir un partido en abierto, no está dispuesto, ni a ceder a las presiones de la Liga, ni se plantea privatizar el futbol en estos momentos, sobre todo porque nadie quiere ser el político o el partido político que pase a la historia como el responsable de poner fin al futbol en abierto, menos aún, a unos meses de que se lleven a cabo las elecciones autonómicas y municipales en España, lo que se traduce en un movimiento antipopular que les podría costar la derrota en los próximos sufragios electorales.
A raíz de dicho conflicto, seis clubes de Primera División decidieron rebelarse contra la Liga y contra sus homólogos que están a favor de que se posponga la Jornada 30. Sevilla, Villarreal, Zaragoza, Athletic de Bilbao, Espanyol y Real Sociedad, presentaron una demanda para que se anule la huelga, y solicitaron a la jueza que adopte medidas cautelares para que sí haya partidos el 2 y 3 de abril mientras se analiza con mayor detenimiento el conflicto.
Estos seis equipos sostienen que la huelga es ilegal porque altera el calendario, y al alterarse el calendario, los más perjudicados serían los clubes, ya que la Liga en vez de acabar en mayo, acabaría en junio, justo cuando inicia la Copa América y el Europeo Sub-21.
Los rebeldes, mejor conocidos como el "G-6", son los únicos clubes que desde un inicio no firmaron el contrato audiovisual, lo que hace pensar que la guerra va más allá de la prohibición del futbol en abierto y evidencia un fuerte enfrentamiento entre los clubes de Primera División.
El conflicto podría llegar a ser gravísimo. Si finalmente hay huelga, el calendario se vería modificado, y en vez de que la Liga concluya el 22 de mayo, acabaría en junio (porque no hay fechas disponibles para que se lleve a cabo dicha jornada en otro momento), justo cuando inicia la Copa América (1 de julio) y el Campeonato Europeo Sub-21 (12 de junio), lo que obligaría a los clubes a ceder a sus jugadores americanos (Messi, Alves, Marcelo, Higuaín, Aguero, Forlán, Guardado, Dos Santos, entre otros) y a sus jugadores españoles (De Gea, Javi Martínez, Mata, Capel, por citar algunos) a sus respectivas selecciones antes de que terminase el presente campeonato.
Además, el convenio de futbolistas les garantiza a los jugadores un mes de vacaciones, con lo que muchos de ellos tampoco podrían estar con sus clubes para jugar la ronda previa de la Champions League y la Europa League en su siguiente edición. Es decir, otra vez pierden los clubes.
En resumen, el problema radica en que la mayoría de los equipos están de acuerdo en que se acabe el futbol en abierto, pero no están dispuestos a prolongar el campeonato hasta junio por la huelga. El gobierno está dispuesto a negociar, pero se niega a tomar medidas drásticas porque son tiempos electorales. Y el único que está empeñado en que la huelga se lleve a cabo es el patronato de la Liga, que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de acorralar al gobierno hasta que ceda y acabe con el futbol en abierto.
Es lamentable que, con todos los intereses que hay de por medio, ninguna de las partes se pueda poner de acuerdo y prefieran que sea una jueza la que determine el curso la historia, sobre todo porque a final de cuentas, el más perjudicado de todos es el aficionado español al deporte de las patadas.
Mañana miércoles la jueza Purificación Puyol hará pública su resolución. Todo indica –en términos de racionalidad- que no habrá huelga, que la jueza adoptará las medidas cautelares y que sí se jugarán los partidos de Liga este próximo fin de semana. La terrible película llamada "Los intereses de la Liga", que dio la vuelta al mundo y evidenció el lado oscuro del futbol español, terminará en un bochornoso y absurdo conflicto con final feliz. Veremos.
[MEDIOTIEMPO]
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